Los mismos reflejos y premura que tuvieron para poner en libertad a algunos de los más siniestros asesinos etarras –adelantándose incluso a la entrada en vigor de una norma discutible– se echaron ayer en falta en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, desautorizada por el Tribunal Supremo. Los magistrados Ramón Sáez, Manuela Fernández de Prado...
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