Es sabido que el cumplimiento de la legalidad constituye asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas. Nadie se extrañe entonces de que la consejera Rigau, de Educación, haya anunciado que no acatará las últimas diez -repito, diez - interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ésas que obligan a impartir clases en catalán y en castellano...
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