La enorme complejidad procesal que acompaña a la perseguibilidad de los delitos económicos, especialmente los relacionados con la criminalidad organizada y la lucha contra la corrupción, reclama de los poderes públicos una acción acorde a las exigencias de celeridad y de eficacia que requiere la sociedad, que observa con indignación cómo la respuesta penal llega...
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