Son «varias» las empresas públicas dependientes de la Administración autonómica que no hacen caso de las medidas para frenar la morosidad en los pagos. Cuando menos así ocurrió en los ejercicios de 2010 y 2011, en que estas entidades ignoraron la ley que había promulgado el Gobierno para reducir la morosidad. No es este, sin embargo, el único reparo que el Tribunal...
Suscribete para leer la noticia completa:
