El Gobierno aragonés ha ordenado intervenir las cuentas de todas sus empresas públicas. En la práctica, supone suspender la autonomía de gasto con carácter general en todo este entramado de sociedades, que arrastran una deuda financiera de cientos de millones de euros y que año tras año acumulan pérdidas multimillonarias pese a la también multimillonaria asignación...
Suscribete para leer la noticia completa:
