La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat ha aprobado un protocolo para reclamar deudas a unos 600 ancianos que, pese a disponer de suficientes recursos, se niegan a copagar su plaza pública de residencia, algo que supone un «agravio respecto al resto de usuarios y perjudica la sostenibilidad del sistema».
Lo han avanzado a Europa Press fuentes...
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