La noticia de que la Generalitat ha demandado a varios periodistas por ofender a Cataluña, y la de que el Consejo Audiovisual catalán (CAC) elabora informes en los que se invita a perseguir las críticas, a veces muy duras, a las políticas del Govern, plantean problemas. Su compatibilidad, con el derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE), es discutible....
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