Contratos con criterios de adjudicación desconocidos, procesos secretos o de urgencia que no correspondían, exigencias que reducen la competencia, vulneración de los principios de objetividad, publicidad y transparencia, servicios abonados de los que se desconoce si fueron prestados... Así hasta totalizar concursos por importe de 630,6 millones o 104.923 millones...
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