El Gobierno de Canarias se mostró ayer partidario de que sea la Justicia la que decida sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas, al detallar presuntas carencias en el estudio de impacto ambiental (EsIA) presentado por Repsol, sobre el que presentó, a modo de alegación, un resumen de las «más de 10.000» objeciones de este tipo que acercaron...
Suscribete para leer la noticia completa:
