Los efectos nefastos de la economía sumergida –menos recaudación, trabajo precario– se notan sobre todo en tiempos de crisis. En España la actividad legal no declarada asciende a unos 196.000 millones de euros, el 19% del PIB. De esa cantidad, el 8% procede del fraude laboral. Sólo con regularizar esa parte afloraría un millón de empleos hoy irregulares, según...
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