La presión de la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida en Castilla y León ha dado sus frutos al denunciar a 5.616 personas con empleos irregulares el año pasado, lo que permitió recaudar 9,8 millones de euros. Los esfuerzos de los técnicos en el área de Seguridad Social se tradujeron en 27.916 órdenes de servicio, con un resultado de 3.404 infracciones...
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