La Junta de Castilla y León coincide con la filosofía de la reforma de la Ley de Administraciones Públicas que pretende llevar a cabo el Gobierno central y el principio de «una competencia, una administración», ya que implicaría un ahorro de costes, aunque también advierte de que «podría significar» una reducción de empleados «temporales» o servicios externalizados...
Suscribete para leer la noticia completa:
